Del 7 al 21 de octubre es el plazo para solicitar las ayudas de comedor para el curso 2020-21 y, este año, también pueden acceder familias con situación vulnerable por la COVID-19 como ERTE, paro o renta mínima
El Boletín Oficial de Baleares publicó ayer 6 de octubre la Resolución de la convocatoria de ayudas de comedor para el curso 2020-21. A partir de hoy, 7 de octubre de 2020, se pueden presentar las solicitudes debidamente rellenadas en los centros educativos donde se cursarán los estudios durante el curso escolar 2020-2021 en un plazo de diez días hábiles contadores desde el día siguiente de la publicación de la Resolución en el BOIB.
La resolución prevé que en el supuesto de admisión de solicitudes de alumnado de incorporación tardía, se pueden presentar propuestas hasta el 20 de abril de 2021. Si con anterioridad al 20 de abril de 2021, un alumno adquiere las condiciones necesarias para ser considerado beneficiario directo, podrá solicitar la ayuda fuera del plazo ordinario.
Este año se ha tenido muy en cuenta la especial situación socioeconómica que se vivirá por parte de muchas familias en Baleares. Por eso se ha doblado la dotación de las becas hasta los 7 millones de euros (el curso pasado fue de 3,5 millones).
Por otro lado, este año se hace necesario incorporar criterios que contemplen la situación de las familias en el momento de la convocatoria y por tanto, se propone un baremo que pueda dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad de manera fiable.
Así, mientras en las convocatorias pasadas se tenía en cuenta la renta del año anterior al de la solicitud de la beca, este año se puede optar por esta vía o por una nueva que es la de acreditar tener una situación laboral transitoria como única fuente de ingresos en el momento de la solicitud, puesto que habrá familias que tienen una renta de 2019 que no sería beneficiaria de ayudas pero que con motivo de la pandemia serán beneficiarios de la prestación extraordinaria por autónomos por la Covid-19 o se trata de unidades familiares con el subsidio de desocupación o con ayudas por situaciones laborales extraordinarias derivadas de la Covid-19.
Por otro lado, también se ha previsto que si por circunstancias sobrevenidas se suspenden las clases y/o el servicio de comedor, el centro tiene que transferir la cuantía diaria pertinente de los días de suspensión del servicio a la cuenta bancaria facilitada por la familia.
Las becas de comedor tienen por objeto otorgar ayudas a los alumnos que por la situación económica familiar, por circunstancias sociofamiliares desfavorables o bien por dificultades de desplazamiento al centro escolar, tengan más dificultades para afrontar el pago de este servicio.
Estas ayudas se dirigen a alumnado de centros públicos, concertados y de centros de primer ciclo de educación infantil de la red pública o de la complementaria que sean usuarios del servicio de comedor el curso 2020-21.
El curso pasado, 2019/20, hubo en Baleares un total de 6.230 alumnos beneficiarios de ayudas de comedor. De los cuales 3.498 fueran de centros públicos, 2.462 de concertados y 296 de centros de educación infantil.
Actualmente en Baleares hay 185 centros públicos con servicio de comedor, de los cuales 149 están en Mallorca, 13 en Menorca y 23 en Ibiza y Formentera.
La necesidad de garantizar el servicio de comedor durante el curso escolar y ampliar las becas para llegar al máximo de alumnado vulnerable ha sido una prioridad para el Govern de las Islas Baleares en un momento complicado como el que se está viviendo debido a la pandemia. Ya durante el confinamiento se mantuvieron las ayudas a las familias beneficiarias a través de tarjetas prepago con una inversión total de 2.150.370 euros desde el 16 de marzo hasta día 14 de junio de 2019.
Pero también se indemnizó a las empresas que se encargan del servicio de comedor, ante la suspensión de sus actividades con motivo de la declaración del Estado de Alarma con una inversión de 600 mil euros.
Además, el curso 2020/21 los centros contarán con 190 monitores de comedor adicionales para cumplir con las medidas de seguridad que supondrán una inversión de más de 1 millón de euros.
