Ezquerra Unida considera que la catarata de acontecimientos que están destapándose en Calvià exigen una regeneración política y social en el municipio y en el resto de la Isla ya que se están conectando hechos con otros municipios como Marratxí.
Entienden que la detención del jefe de la policía local de Calvià, junto con las imputaciones que hay sobre la policía de Palma o las sospechas sobre la de Marratxí, «evidencian que la lacra de la corrupción abarca amplios sectores de las administraciones y no solo a algunos cargos políticos».
Desde las filas de EU explican que «la tarea de la fiscalía, los cuerpos de seguridad y algunos jueces permiten conocer un poco mejor el entramado de corruptelas, tratos de favor y abusos que, por desgracia, son muy habituales». Ante esto se quejan de la reacción de los gobernantes cuando se descubre un nuevo caso ya que para ellos «no ha cambiado». Así «el alcalde de Calvià, Manuel Onieva, se muestra sorprendido, afirma que desconocía absolutamente las actividades ilegales y sólo actuará, de manera obligada, si la Justicia sanciona las prácticas delictivas. También se excusa en que no se habían presentado denuncias formales ante el ayuntamiento, a pesar de que tenía perfecto conocimiento de que había un clamor contra estas actuaciones de miembros de la policía local».
Para EU, las actuaciones presuntamente delictivas del jefe de la policía local de Calvià y de otros agentes, «no es un caso aislado sino la consecuencia lógica de una degradación de la convivencia y el civismo tolerada o favorecida por las autoridades municipales, las actuales y las anteriores. Cuando se promociona el turismo de borrachera, cuando se permite la privatización de los espacios públicos, ocupados por negocios privados, cuando se bendicen actividades intrínsecamente ligadas al consumo de sustancias prohibidas, cuando se permite que se deteriore de manera tan grave la convivencia ciudadana, la actuación de bandas organizadas y los sobornos a los funcionarios públicos, no son una excepción sino la norma».
Consideran que el ayuntamiento de Calvià ha permitido la degradación de amplias zonas de su municipio, como también lo ha hecho la Conselleria de Turismo, «que no ha hecho ninguna inspección hasta que la prensa internacional se hizo eco de una de las actividades sexuales que se practican habitualmente en locales turísticos. Pero la degradación no es sólo de Magaluf sino que cada vez llega a más lugares de las Islas, con la misma permisividad por parte de los gobernantes del PP».
El problema radica, según EU, en que «mientras ha habido negocio para todos, los empresarios de los locales de ocio y el ayuntamiento han vivido tranquilamente, practicando y permiten unas actividades que iban contra la convivencia cívica la ley y las ordenanzas. Si hacía falta, se pagaba la «mordida» correspondiente y se continuaba con el negocio, pero cuando ya no ha habido negocio para todos, se ha iniciado una guerra comercial en la que se utilizan todo tipo de armas y en la que aquellos que obtuvieran una mayor permisividad tenían todas las de ganar. En estos momentos, el ayuntamiento de Calvià se encuentra en manos de empresarios que han ido reuniendo pruebas y que las sacarán cuando los convenga, ya han entregado un vídeo a los juzgados y se anuncian otros. Ante cada cosa nueva que se conozca, el ayuntamiento ya no podrá alegar que es un hecho aislado sino que tendrá que reconocer que son prácticas que se han llevado a cabo desde la absoluta impunidad».
Recalcan que el alcalde Onieva dice que no piensa dimitir, y no está claro que acepte crear una comisión de investigación. Para EU «ambas cuestiones son necesarias pero insuficientes. Es evidente que si el alcalde tuviera un mínimo de dignidad, ya habría presentado su dimisión ante el encarcelamiento del jefe de la policía local que él pidió, pero su sustitución por otro miembro del equipo de gobierno que, de manera colectiva, han permitido la situación actual, no serviría de gran cosa, como tampoco lo haría una comisión de investigación controlada por el PP».
Para EU lo que es necesario «es una reacción ciudadana que expulse del ayuntamiento a aquellos que amparan practican o toleran la corrupción. Una reacción ciudadana que exija la recuperación del civismo y el respeto de la legalidad, que no permita los tratos de favor ni los abusos. En las elecciones de mayo de 2015, la ciudadanía tendrá la oportunidad de producir el cambio, pero si sigue dando el voto al mismo partido, las cosas seguirán igual, ya han demostrado que no saben o no quieren corregir esta situación».
