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Los regidores de Cs recuerdan que han solicitado en varias ocasiones que los ayuntamientos adopten medidas para evitar el impacto que va a causar la nulidad de los artículos que regulan este impuesto municipal
Los grupos municipales de Ciudadanos (Cs) en los Ayuntamientos de Palma y Calvià han celebrado hoy la sentencia del Tribunal Constitucional que declara parcialmente inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales referente al cobro del Impuesto del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) sobre transmisiones sin incremento de valor. “Esta sentencia pone fin a una situación tremendamente injusta”, ha afirmado el regidor de Cs Palma, Pedro Ribas, quien ha recordado que tanto el regidor de Cs Calvià, Carlos Tarancón, como los de Cs Palma, presentaron dos propuestas al respecto en sus respectivos ayuntamientos.
“Llevamos tiempo solicitando que se adopten medidas para evitar el impacto que causaría la nulidad que finalmente el Tribunal Constitucional ha declarado”, ha afirmado el regidor de Cs Palma Pedro Ribas. La consecuencia de este fallo no puede ser otra que la nulidad del artículo de las ordenanzas locales en que se regula el cálculo de la base imponible del impuesto, ha advertido Ribas, que ha asegurado que “la nulidad imposibilitará la aplicación del impuesto, y por tanto la derogación de la Ordenanza, tal y como ya solicitamos y volveremos a solicitar desde Cs”.
“Desde el principio, en nuestra propuesta de adaptar la ordenanza hemos contado con la oposición del PP y del Equipo de Gobierno de Cort, quien únicamente aceptó pactar que se instase al Gobierno a solucionar el conflicto y adoptar medidas para poder devolver el dinero mal recaudado”, ha explicado Ribas. Por ello, el portavoz ha considerado que “ambos han demostrado anteponer sus intereses políticos a los intereses de los ciudadanos, manteniendo un impuesto que ha sido declarado inconstitucional por injusto”.
Por su parte, el regidor de Cs en el Ajuntament de Calvià, Carlos Tarancón, ha considerado que esta sentencia “no hace más que demostrar una vez más la mala gestión de las administraciones en los últimos años”. “Parece que ha sido más prioritario buscar tributos con el objetivo de recaudar más, en lugar de optimizar los recursos públicos”, ha afirmado Tarancón, quien ha señalado que la consecuencia de ello es que “ahora los ayuntamientos se ven obligados no solo a cobrar menos ingresos sino que además deberán devolver aquellas plusvalías mal cobradas”.