En los últimos 12 meses, el 12,4% de la población de las Islas tuvo retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal
El Instituto Nacional de Estadística ha hecho pública este viernes la Encuesta de condiciones de vida del año 2020. A pesar de que los datos de renta son previas a la pandemia, las cifras referidas en nuestra comunidad no son nada positivas. De hecho, Baleares es la región del estado donde más se incrementa la tasa AROPE, el indicador europeo más relevante para medir la pobreza y la exclusión social. Sin tener en cuenta los efectos de la COVID-19 (los datos del ECV hacen referencia a la renta del año anterior, 2019 en este caso), en las Islas este indicador ha pasado del 15% al 22%, el que significa que más de 260.000 se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social (80.000 más que el año pasado).
Aun así, Baleares continúa por debajo la media estatal en la tasa AROPE, que este año se sitúa en el 26,4% de la población residente, 12.500.000 personas (unas 620.000 más que el 2020).
Los tres componentes de este indicador sintético han empeorado en relación a la anterior encuesta: hay más personas pobres, con unos ingresos inferiores al 60% de la mediana (pasan del 12 al 14%), más personas con privación material severa (un incremento del 138%) y más personas viviendo en hogares con baja intensidad de trabajo (1 punto más).
Con este significativo incremento de la privación Material Severa, la encuesta confirma un aumento preocupante de la vulnerabilidad en los sectores más desfavorecidos de la población. En los últimos 12 meses, el 12,4% de la población de las Islas tuvo retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compra a plazos, un 19,9% no pudo mantener la vivienda a una temperatura adecuada y un 36,6% se declaran incapaces de hacer frente a cualquier gasto imprevista. También se han incrementado los hogares que no pueden disponer de un ordenador, cuestión fundamental en unos tiempos donde la vía telemática gana terreno en el trabajo, la formación o incluso el acceso a derechos. Hay que destacar también que la mitad de la población isleña declara tener dificultades para llegar a final de mes (con un incremento de 3 puntos entre los que lo hacen con mucha dificultad).
Hay que destacar que estos datos están fuertemente marcados por tres cuestiones importantes. Por un lado, acabada la Estrategia 2020 con resultados que muestran que el estado español (y también las islas) falló en el cumplimiento de los objetivos comprometidos de reducción la pobreza, iniciamos un nuevo marco internacional determinado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que nos obliga a reducir los altos índices pobreza.
En segundo lugar, los datos de renta e intensidad del trabajo a los hogares son previas a la pandemia (corresponden a 2019) de forma que todavía no muestran con exactitud el impacto real de la pandemia. Sin embargo, la información relativa a la privación Material Severa corresponde a 2020, ya en contexto de COVID-19, y sí indican un aumento significativo de la dificultad de las familias para el consumo de bienes y servicios básicos.
Finalmente, y aunque la estrategia económica y social planteada ante la crisis de la COVID-19 es mejorable, parece funcionar mejor que la respuesta ofrecida en la crisis de la gran recesión. Todo y las dificultades por las cuales pasan ahora muchas familias, ninguno de los datos de pobreza planteadas hasta ahora muestran empeoramiento respecto a las cifras de la crisis de 2008.
Ante los datos publicados hoy, EAPN-Islas Baleares demanda activar las medidas incluidas en la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza (garantía de ingresos, redistribución de la riqueza, educación inclusiva, políticas activas de ocupación, acceso a derechos…) para afrontar con efectividad la elevada tasa AROPE, así como que se tenga en cuenta la excepcionalidad de la crisis de la COVID-19 y el impacto social que está provocando.
