Baleares es la comunidad con más pérdida de afiliados a la Seguridad Social de todo el Estado

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En un mes, las Islas han perdido 58.970 personas empleadas, un 11,79% del total

La Seguridad Social registró en octubre una afiliación media de 441.107 trabajadores en Baleares, 58.970 personas menos que en septiembre. Esto supone que Baleares pierde un 11,79% de afiliados a la seguridad social, siendo una de las tres comunidades que ha perdido afiliados este mes. La temporalidad y el peso del sector turístico en la economía de las Islas hace que, además, los datos de Baleares estén muy lejos del descenso de afiliados de Castilla-La Mancha (-1,04%) y de Extremadura (-0,62%), y se sitúe como la comunidad más afectada. Los datos de octubre revelan que hay 94.500 personas empleadas menos que en el mismo mes de 2019, lo que supone una caída del 17,64 %.

A nivel estatal, el número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.990.364 personas en octubre, lo que representa un aumento de 113.974 cotizantes respecto a septiembre (un 0,60% más). Es el sexto mes consecutivo en que el sistema de Seguridad Social suma ocupados desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.

En el mes de octubre del 2019 las Islas Baleares contaban con un total de 81.721 parados registrados. Respecto al mes de septiembre la desocupación crece un 5,97% y en total hemos tenido 4.601 parados más. Por comparación en 2019 el paro sube 31.127 personas, el que se traduce en un aumento relativo del 61,53%. Hay que remarcar el hecho que el paro aumente a todos los sectores ( agricultura,  industria o servicios) a excepción de la construcción, donde disminuye en -78 personas.

Reacciones

Desde Comisiones Obreras explican que “aunque los datos publicados hoy son bastante malos si los comparamos con el mismo mes del año pasado, no han experimentado una subida tan importante en relación con el mes de septiembre. Esto es así porque los puestos de trabajo temporales se eliminaron desde el principio del confinamiento y por eso arrastramos cifras de parados superiores a 70.000 personas desde hace meses. Por eso, ponen en el punto de mira “la importante disminución de las afiliaciones a la Seguridad Social como consecuencia que los trabajadores y trabajadoras fijas discontinuas han salido mayoritariamente del ERTE, a partir del 30 de septiembre“.

Para la secretaria de Ocupación, Yolanda Calvo, es esta cifra de afiliación a la Seguridad Social es la que  muestra realmente “la dramática situación de nuestra economía”. Por eso desde el sindicato denuncian la necesidad de luchar contra la precariedad de nuestro mercado laboral basado en una actividad intensiva en unos pocos meses del año. Este sistema no da estabilidad, ni calidad, y contribuye a aumentar las desigualdades.

Por su parte,  PIMEM califica de “históricamente negativos” los datos que arroja el Ministerio y pide una intervención administrativa del Estado para ayudar a los servicios del SEPE en las gestiones de los ERTES. La Federación pide a la administración central más recursos humanos y técnicos para hacer frente a las peticiones de información y pagos de los trabajadores.

Esta petición se hace a raíz de la información que se ha recibido por parte de empresarios de la restauración y del comercio que se han dirigido a la Federación explicando que “se están gestionando todas las consultas de los empleados y que no entienden porque no cobran ya que desde que el Gobierno decidió prorrogar los ERTES su prestación se ha visto paralizada y que no hay fecha prevista de pago. Es imposible contactar con el SEPE”.

Las críticas también se han centrado en el aumento del nivel de trabajo interno de las empresas ya que se deben hacer de nuevo los trámites para realizar nuevamente la prórroga de los ERTES. Desde del sector se asegura que “se están viviendo momentos de gran carga emocional y de fuerte impacto por los impagos que los trabajadores están sufriendo”. Desde la Federación se asegura que “hay empresas que están realizando anticipos a sus trabajadores, aún teniendo una situación de tesorería muy delicada”.

Para Jordi Mora, presidente, “es comprensible que la situación fuera muy complicada los tres primeros meses de la pandemia pero, una vez conocida la dimensión del trabajo que implica, es la misma administración que debe poner los recursos necesarios para poder atender a los trabajadores e indirectamente a las empresas que son las que sufren la mayor presión”. Mora añade que “es una contradicción que mientras se le pide a la pyme y al autónomo la máxima adaptación al nuevo escenario, la administración viva un colapso como el que vive”.

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