Amnistía Internacional lamenta que esta gestión deficiente haya tenido y tenga todavía graves consecuencias sobre el acceso al derecho a la salud en España durante la pandemia, especialmente para las personas más vulnerables
Amnistía Internacional Islas Baleares se ha concentrado este 25 de febrero ante los centros de atención primaria de Calvià y Maó en apoyo al derecho a la salud de pacientes no COVID.
Esta acción coincide con la presentación del informe «La otra pandemia» que denuncia la carencia de inversión en atención primaria previa a la pandemia y una gestión sanitaria sin planificación que ha dejado abandonadas a personas vulnerables, enfermedades desatendidas y diagnósticos que, en algunos casos, llegan demasiado tarde.
Amnistía Internacional lamenta que esta gestión deficiente haya tenido y tenga todavía graves consecuencias sobre el acceso al derecho a la salud en España durante la pandemia, especialmente para las personas más vulnerables, que sufren enfermedades crónicas o que requieren más dependencia del sistema sanitario (aquellas con cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otras); las personas grandes, las personas que sufren enfermedades de salud mental, o inmigrantes. También las mujeres, que representan la mayoría de las cuidadoras de las personas enfermas, han sufrido de manera desproporcionada el impacto de una atención primaria desbordada y han hecho frente a una sobrecarga de trabajo y curas.
A la carencia de personal ya existente previa a la pandemia y a la sobrecarga asistencial, así como a las listas de espera en atención primaria -que aunque varían según el centro se sitúan ahora en el entorno de una semana en algunos casos-, se suma el cierre de más de 60 centros y 449 consultorios a Madrid y Cataluña, así como la modificación de protocolos asistenciales y el cambio del modelo presencial al telefónico, que se ha llevado a cabo sin el refuerzo de medios suficientes y sin la información y formación adecuada para pacientes o personal sanitario.
Esta situación ha generado múltiples obstáculos en el acceso a la salud y ha tenido un impacto en personas el retraso de las cuales en la atención sanitaria podría haber agraviado la condición de salud o retrasado un diagnóstico. Además, esta reducción en la accesibilidad a centros de salud, la carencia de medios y una gestión de la pandemia que no ha integrado de manera adecuada las necesidades especiales de las personas con patologías no-COVID en la respuesta a la crisis, ha provocado una discriminación indirecta de este grupo de personas.
Según una encuesta realizada por la Plataforma de pacientes con enfermedades crónicas sobre el acceso a la atención sanitaria durante la pandemia, al 69% de las personas entrevistadas los cancelaron varias consultas programadas de manera previa a la crisis por COVID-19, entre las cuales se encontraban las consultas hospitalarias (46,3%), las del hospital de día (3,4%) y de atención primaria (19,3%). Solo el 25,3% de las personas a quienes se los cancelaron las consultas, tuvieron acceso a los centros de atención primaria una vez acabado el confinamiento.
Se han ignorado así recomendaciones de la OMS y mecanismos internacionales que instaban a reforzar la atención primaria desde el inicio de la pandemia para poder garantizar el derecho a la salud de todas las personas, de manera especial las que se encuentran en situación de más vulnerabilidad. De hecho, España está por debajo de la mayoría de los países de nuestro entorno en un ratio de personal médico en atención primaria y de enfermería por 1.000 habitantes de 0.77 y 0.66 respectivamente. Ratios que no han sufrido prácticamente cambios en los últimos diez años y que, en el caso de la de personal facultativo de atención primaria, quedan muy lejos de las de países como Portugal, con la mejor ratio de Europa (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria (1,56) y Francia (1,42).
«Ningún sistema sanitario podía estar preparado para una pandemia de esta magnitud, pero lo estamos afrontando con un sistema de salud muy debilitado como consecuencia de las medidas de austeridad de los últimos años, especialmente en cuanto a la atención primaria, fundamental para hacer frente a este tipo de crisis», señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. «España puerta doce años ignorando las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Relator Especial ONU sobre el derecho a la salud, que instaban los Estados a reforzar la atención primaria y destinar el 25% del total del gasto sanitario a este nivel asistencial; sin embargo en España ha estado más bien en el
contrario, esta se ha visto reducida en un 13% entre 2009 y 2018. Casi un año de pandemia después y con la tercera oleada de récord de contagios encima, las autoridades no parecen haber rectificado», añade.
«La importancia de la atención primaria ha estado más presente en los discursos institucionales que en las decisiones políticas: la valoración de su capacidad asistencial ha estado ausente en el diseño de las medidas de salud pública. Actualmente, en plena campaña de vacunación, nos encontramos en una situación próxima al colapso», denuncia Marta Mendiola, responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España
