El nuevo equipo de gobierno municipal que tomará el mando del ayuntamiento de Calvià el próximo sábado va a proceder a la suspensión del PGOU, que se ha tramitado durante la última legislatura y que fue aprobado en su fase inicial el pasado 30 de junio de 2022. Señalan desde el PP y Vox que la norma adolece, además de «graves errores que han dejado entrever las alegaciones y quejas presentadas», de una importante falta de transparencia. Por ello, el Plan en su conjunto será revisado durante los próximos meses, lo cual supondrá paralizar su tramitación hasta que se haya podido «revisar, modificar y mejorar en todos los aspectos».
Recuerdan desde el futuro equipo de gobierno que, durante la tramitación, los residentes de Calvià Vila y Es Capdellà ya vieron cómo se modificaba sustancialmente su ordenación urbanística, algo que acabó provocando la rectificación por parte del Consistorio. Entienden los que serán responsables del Urbanismo calvianer a partir del sábado que los cambios introducidos desde el consistorio «siguen perjudicando enormemente sus anteriores derechos y posibilidades urbanísticas»., por lo que se va a proceder a una profunda revisión «desde cero»
Señalan, además, que el estudio económico es «prácticamente inexistente, con multitud de fallos, y pocas previsiones de viabilidad», y reprochan que no se haya estudiado la ordenación de Calvià en zonas urbanas como Palmanova, Magaluf, Costa de la Calma y Peguera. Sugieren por último revisar todo el suelo rústico de Calvià -a fin de homogeneizarlo- y comprobar si las nuevas regulaciones son fruto de la adaptación legislativa supramunicipal.
El nuevo gobierno de Calvià replanteará por otra parte la necesidad de expropiación de Es Fortí d’Illetes, hasta el punto de ver «si es tan necesario para el municipio» y, sobre todo, «si debe ser únicamente costeado por el municipio y sus habitantes, o si debe llevar una importante carga de ayuda de los organismos supramunicipales interesados», como podrían ser el Consell Insular, el Govern o el ejecutivo central.
