Vicepresidencia apoya a la conexión de los registros de autoprohibidos estatal y autonómicos para personas con adicción al juego

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El Gobierno del Estado y las comunidades acuerdan conectar los registros para hacer frente a los problemas y las patologías asociadas al juego presencial y en linea

La Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos ha dado su apoyo al acuerdo al que han llegado el Ministerio de Consumo y las administraciones autonómicas para conectar los registros de autoprohibidos estatal y autonómicos para personas adictas al juego. El vicepresidente y conseller Juan Pedro Yllanes y el director general de Comercio, Miquel Piñol, se mostraron favorables a dar un paso más en la lucha contra la ludopatía y votaron a favor de la propuesta que se debatió este pasado lunes 21 de septiembre durante la reunión telemática del Consejo de Política del Juego.

Según ha explicado el vicepresidente Yllanes, este acuerdo supone «un paso más en la lucha contra la ludopatía, puesto que permitirá proteger mejor a las personas con adicción al juego y limitar el acceso a los inscritos en todo el territorio nacional». Además, ha recordado «el compromiso del Gobierno para crear medidas de contención y racionalización del Juego que contribuyan a frenar las patologías que se derivan.»

En la actualidad, existen dos registros de autoprohibidos, uno de carácter estatal y el que tiene cada comunidad autónoma. En estos registros se pueden inscribir voluntariamente las personas con adicción al juego a fin de que las administraciones y las empresas impidan el acceso a salas o portales en linea donde se pueda apostar.

Desde principios de septiembre, la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos habilitó en sus instalaciones una oficina única para que las personas interesadas pudieran inscribirse de forma más ágil en ambos registros sin necesidad de hacerlo en dos ubicaciones diferentes. Actualmente, el Registro de Autoprohibidos de las Baleares, a quienes los negocios del sector del juego tienen obligación de denegar el acceso a sus locales, incluye 452 personas.

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