Hasta 13 sentencias se han dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo o del Superior de Justicia de las Illes Balears contra el Ayuntamiento de Calvià y se han tenido que aceptar en el pleno de febrero. Todas referentes a la subida de tasas de los años 2012 y 2013 y efectuadas por diferentes Puertos Deportivos, cadenas de Supermercados, grupos de Ocio y asociaciones de Hoteleros, que se acogen a la nulidad del incremento de las tasas de recogida y eliminación presentadas por el consistorio en los ejercicios anteriores.
A instancias del PSOE, “la privatización de la gestión del agua desde 2009 ha generado terribles consecuencias, por lo que aumenta la preocupación popular. Es necesario que esto se arregle y que se confíe de nuevo en Calvià 2000, y que el anterior alcalde no pensó en el futuro sino sólo en su presente”.
Un buen ‘colchón’
Ante esto Cristina Tugores, por parte del Partido Popular, aseguraba que “la variación de tarifas era imprescindible y se hizo de manera exponencial. Las cantidades que se están devolviendo están totalmente avaladas ya que hay una reserva de un millón de euros para ello. El año próximo habrá importantes rebajas en las tarifas, especialmente de los pequeños comercios y negocios, gracias a la gestión que se está llevando a cabo, y los particulares ya han podido comprobar la bajada de tarifas”.
Las clases de matemáticas
Mientras los socialistas aseguran que “si el Ayuntamiento se preocupara de las gestiones, el 10% que recauda de más Calvià 2000 por tramitar el cobro de las facturas se podría destinar a reducir las tarifas particulares, y el 10% que se aplica bajaría otro tanto las tasas de comercios y pequeñas empresas. De hecho, el Club Náutico de Santa Ponça ya hace la recogida por su cuenta, y hay asociaciones que están a punto de descolgarse de los servicios de Calvià 2000”.
Por su parte Tugores aseguró que “esta fórmula matemática no es viable, la única real es la que estamos aplicando, y usted lo sabe”.
Blanca Garau
