Desde la patronal instan a todos los partidos políticos y a todos los cargos públicos que sean los primeros en exigir que se cumpla y se haga cumplir sin excusa ni demora la normativa vigente
Desde PIMEM Restauración exigen al Govern que «con efecto inmediato, se abran los interiores de los restaurantes en cumplimiento de las medidas asociadas al nivel 2 de riesgo sanitario que ha determinado rige en la actualidad en Mallorca»
Pimem explica que «estas medidas son las recogidas en el semáforo COVID, que el Govern de les Illes Balears publicó a raíz del BOIB del 27 de noviembre 2020, y que siguen las indicaciones del documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del COVID-19” del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud actualizado a 22 de octubre del 2020.
«Después de 13 meses donde el sector de la restauración balear sufre un descenso de facturación de casi el 80%, y sin ningún tipo de compensación o indemnización efectivas que contrarresten las infundadas restricciones impuestas a nuestra operación, insistimos en que es inadmisible la discriminación promovida por el Govern cuando hace cumplir las medidas arriba referidas en los comedores interiores de los hoteles mientras impide su cumplimiento en los restaurantes a pie de calle», aseguran desde PIMEM.
También explican que «este hecho es una evidencia más de lo que hace meses venimos manifestando: la ausencia de criterio sanitario válido que sustente las medidas impuestas a la restauración en general, y de nuevo en el BOIB del pasado 10 de abril 2021. De hecho, se trata de otra arbitrariedad política más de nuestro ejecutivo autonómico», al que critican por «no cumplir lo que unilateralmente aprueba, carecer de toda credibilidad y legitimidad para erigirse en garante de nada»
Así, desde PIMEM instan a todos los partidos políticos y a todos los cargos públicos que sean los primeros en exigir que se cumpla y se haga cumplir sin excusa ni demora la normativa vigente, y que denuncien formalmente toda discriminación jurídica y arbitrariedad política, especialmente y en particular la impuesta sobre los 9.600 negocios de restauración en Baleares que está poniendo en riesgo 55.000 puestos de trabajo y en torno al 5% del PIB de las islas.
