Mercedes Garrido anuncia el visto bueno del Estado al nuevo Plan INUNBAL, que quedará aprobado antes de que acabe el año

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La consejera ha detallado el nuevo plan de emergencia ante un riesgo de inundaciones en una comparecencia en el Parlament

La consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha comparecido ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento de las Islas Baleares para explicar el nuevo plan de emergencias ante un riesgo de inundaciones, INUNBAL, el cual se ha actualizado por primera vez en quince años.

Según ha anunciado la consejera, el Plan ha recibido el visto bueno del Gobierno de España, por lo cual sólo resta que el Consell de Govern lo apruebe para que esté plenamente en vigor, lo cual será una realidad antes de que acabe el año. Se trata de un hito importante que para la consejera Garrido supone «una respuesta necesaria, contundente y trabajada a hechos como las inundaciones de Sant Llorenç y el Levante de Mallorca para la cual el Govern se había comprometido».

Durante la comparecencia, Garrido ha destacado que «es una actualización consensuada, puesto que se han incorporado las observaciones y los puntos de vista de todas las administraciones y cuerpos implicados; es una actualización muy trabajada, porque se ha hecho una revisión en profundidad, esmerada y seria de todos los protocolos, normativa y recursos para poder hacer frente a cualquier situación de riesgo grave o emergencia producida por inundaciones, y también es una actualización necesaria, puesto que el actual plan tenía quince años, y en este periodo de tiempo ha habido muchos cambios».

La revisión del Pla INUNBAL implica la adecuación de procedimientos operativos a la experiencia adquirida y a la normativa sectorial que se ha ido incorporando los últimos años.

En concreto, prevé el riesgo que sufren las Islas Baleares por el hecho de tener un clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos muy calurosos y secos, con unas temperaturas extremas atenuadas por la proximidad con el mar. Se hace una atención especial a las gotas frías, puesto que son frecuentes los meses de otoño, lo cual hace que las inundaciones sean el principal riesgo natural del territorio, por los daños que producen. Además, el hecho de ser un archipiélago condiciona sobre manera la distribución de medios y recursos que se tienen que poner a disposición de un equipo para la gestión de emergencias derivadas de las inundaciones.

Por otro lado, la red hidrográfica de las Baleares, sin cursos permanentes y con un gran número de torrentes que drenan cuencas generalmente muy poco extensas, fundamentalmente sobre terrenos calcáreos, tiene un papel muy importante. A pesar del hecho de estar compuesta exclusivamente por torrentes que permanecen secos la mayor parte del año, durante un episodio de avenida los torrentes se ven obligados a transportar un gran volumen de agua en un intervalo de tiempo muy corto, fenómeno conocido como crecida repentina (flash flood), y que, por lo tanto, hace difícil la predicción con tiempo suficiente de estos caudales.

Otro de los aspectos importantes del Plan INUNBAL es que por primera vez incluye la perspectiva del cambio climático y las consecuencias que este tiene sobre las Islas Baleares, entre las cuales destaca el incremento de las lluvias intensas. De este modo, se estima que los próximos años se mantendrán constantes o crecientes los episodios de inundación, teniendo presente que se trata de predicciones.

El Plan establece cuatro tipos de inundaciones y los protocolos de actuación ante cada una:

1. Inundaciones por precipitación in situ: son las provocadas por precipitaciones intensas, ante las cuales es importante tener en cuenta el estado de la red de drenaje y la presencia de infraestructuras susceptibles de ser inundadas.

2. Inundaciones por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces: pueden llegar a producir daños importantes a consecuencia del calado y la velocidad del agua, y también del transporte de sedimentos y otros materiales arrastrados por la corriente.

3. Inundaciones en zonas costeras.

4. Inundaciones por rotura u operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica: los titulares de las presas tienen que elaborar e implantar sus propios planes de emergencia.

Ante esto, se hace un despliegue normativo para conseguir una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para disminuir los riesgos y las consecuencias de las inundaciones.

Este nuevo marco incluye también algunos datos de interés. Por islas, la más afectada por episodios de lluvia es Mallorca, con una media de 47 días al año, seguida de Menorca, con una media de 40 días, mientras que en Eivissa y Formentera hay aproximadamente 34 días en los cuales se producen este tipo de episodios.

De los incidentes producidos en los últimos diez años, el 77 % han tenido lugar en entornos urbanos, la mayoría en edificaciones y establecimientos (37 % del total). Destacan el número de incidentes relacionados con daños a infraestructuras (48 %), entre los cuales hay los desbordamientos de torrentes en cruces de carretera y las inundaciones en vía pública.

Por otro lado, y relacionado con las tipologías de inundaciones, el Plan también analiza los fenómenos geológicos asociados a precipitaciones o avenidas. De este apartado, es importante destacar que este tipo de procesos pueden causar daños económicos y sociales de importancia, y que constituyen así riesgos, tanto para la población como para las autoridades competentes en materia de protección civil, que hay que tener en cuenta.

Esta tarea ha dado lugar a los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, elaborados por el organismo de cuenca, que en el caso de las Islas Baleares es la Dirección general de Recursos Hídricos. Los mapas constituyen la información fundamental en la cual se basan los planes de gestión del riesgo de inundación, y serán la base cartográfica del INUNBAL. Para la elaboración de los mapas de riesgo, se ha confrontado la información de los mapas de peligrosidad con los usos del suelo existentes, para tener en cuenta la vulnerabilidad de los terrenos inundados y el diferente valor del riesgo que implica su inundación.

En relación con la operatividad, el Plan INUNBAL reúne el conjunto de acciones, procedimientos y medidas que se tienen que aplicar para la consecución de los objetivos del Plan. Implica una articulación flexible de estas acciones y estrategias, conforme a la gravedad de las consecuencias producidas por las inundaciones, que se traduce en la puesta en marcha o activación de las diferentes estructuras operativas y organizativas que se prevén.

Prevé la movilización de los medios y recursos públicos y la incorporación de los privados de una manera armónica y ordenada en la estructura y organización definida, desde su activación hasta el final de la emergencia y la normalización.

En cuanto a las principales novedades del nuevo INUNBAL, se avanza la fase de preemergencia para alertar de un periodo en el cual es previsible que se produzcan determinados incidentes. Es una fase que ahora se mantendrá activa del 15 de agosto al 30 de noviembre.

También se pretende ayudar a los municipios de las Islas Baleares a afrontar situaciones de riesgo provocadas por inundaciones, por lo cual prevé la implantación de planes municipales que tendrán que aprobar los ayuntamientos, para establecer una organización de respuesta propia, como también para llevar a cabo actuaciones preventivas.

En este sentido, los municipios tienen que identificar los puntos de afectación por desbordamiento de torrentes, sobre todo en los tramos que pasan por zona urbana, y elegir qué medidas y acciones preventivas implantarán de manera transitoria para evitar daños personales y también a los bienes y al medio ambiente.

Para la consejera Garrido, es «un buen plan, fruto de un trabajo cuidadoso, intensa, detallada y rigurosa en los últimos años, y con el cual podemos decir que las Islas Baleares están más muy preparadas para minimizar riesgos y hacer frente a cualquier adversidad meteorológica que se pueda producir».

El Pla tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio que sea revisado cada cuatro años.

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