El próximo 1 de septiembre se activan nuevos protocolos sociales, medioambientales y lingüísticas en los expedientes de contratación pública, según aprobó el equipo de gobierno en el pleno del mes de mayo.
A pesar del voto en contra de los populares y la abstención de Carlos Tarancón, portavoz del Grupo Mixto por Ciudadanos, salieron adelante los criterios que se van a valorar, a partir de septiembre, a las empresas contratistas: inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social, igualdad entre hombres y mujeres, respeto medioambiental y calidad de empleo. Pero también se incluye la parte idiomática, donde se requiere el uso del catalán en lo relacionado con la prestación del servicio al ayuntamiento.
Ahí saltaron todas las alarmas: desde las ‘amenazas de ilegalidad’ por parte de Raquel Sánchez, regidora del Partido Popular, hasta el recordatorio de que, el Cort, el mismo asunto ha terminado en Tribunales. Y también Tarancón (C’s) habló de los “criterios ideológicos, que pueden ser impugnados ante los tribunales”.
Por su parte, desde el equipo de gobierno, además de reivindicar el bilingüismo, la teniente de alcalde Mari Carmen Iglesias (PSOE) enmarcó estas cláusulas en la normalidad “necesaria” de ambos idiomas en las Islas.
Una información de Blanca Garau
