El Ajuntament de Calvià ha sacado adelante, por mayoría absoluta, una nueva ordenación urbana para el núcleo rural de Son Font, que se hará mediante la redacción de un Plan Especial en el que se regulan las redes soterradas de agua potable, el suministro de baja y media tensión, las fosas sépticas, las condiciones de integración paisajística y ambiental, la parcelación estableciendo el tamaño máximo y limitando las edificaciones a una planta con una altura total máxima de 4,5 metros y, además, prohibiéndose las piscinas.
Cabe recordar que en el momento de su constitución, Son Font estableció 114 parcelas y que en estos momentos están empadronados 78 vecinos en unas 20 viviendas.
Marcos Pecos, sexto teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Comercio, Participación Ciudadana y Juventud, ha defendido que “Son Font es un núcleo rural que debe ser tratado con la máxima protección de acuerdo a lo que dispone la ley y que su propuesta persigue ir ordenando el núcleo rural y hacer las cosas bien” adecuándose al Plan territorial de Mallorca y restringiendo las posibilidades edificatorias a las condiciones naturales.
La regidora no adscrita, Isabel Manresa Pérez ha dado su apoyo a la propuesta porque “debe primar el interés general” y ha recalcado que lo que le sorprendía era “que se haya tardado tanto en tomar esta medida”.
Alfonso Rodríguez Sánchez de Esquerra Oberta ha insistido en que no hay que dejarse llevar por las “políticas del miedo anunciando indemnizaciones”. Ha esgrimido la necesidad de aprobar la modificación para defender el interés general, que implica “preservar los derechos de toda la ciudadanía de Calvià y preservar el territorio”. Ha definido como “propuesta ideológica” la modificación y ha dejado claro que cuenta con todos los avales e informes favorables de todos los estamentos públicos.
En contra se han posicionado tanto el Partido Popular como Ciudadanos. En este sentido, Carles Tarancón de la formación naranja ha manifestado su preocupación porque “nos encontramos en un limbo en el cual la justicia podría decantarse por las pretensiones de los propietarios de Son Font”. Ha recordado que hay una sentencia en primera estancia que no ha dado la 
razón al Ajuntament y entiende que la modificación puntual del plan no debe seguir adelante ya que es conveniente “esperar a que la justicia se pronuncie porque si nos ponemos a hacer modificaciones restrictivas atentamos contra el derecho a la defensa de los propietarios y podría dar lugar a indemnizaciones que debería afrontar el consistorio”.
Ha pedido que se cumpla lo pactado: no llevar a cabo las modificaciones iniciales para llevarlas a la comisión de seguimiento y que la modificación puntual no siga adelante. Ha concluido que “esta modificación se hace sin garantías, sin consenso y sin participación”.
El PP, con Raquel Sánchez como portavoz, ha criticado la política urbanística de los socialistas a los que ha acusado de “venir a pasar el rodillo” y no a gobernar. Ha pedido que se respete el derecho a la propiedad privada y ha insistido en que el equipo de gobierno no ha consensuado con los vecinos las modificaciones y en que pretende “dejar las parcelas inedificables”. Ha dicho que los socialistas “están desatados en su afán de imponer, prohibir y vulnerar derechos de los propietarios”.
El PP pidió que el asunto quedase sobre la mesa, pero el pleno desestimó la propuesta pasando a votar la modificación puntual propuesta.
Cabe recordar que el contencioso sobre Son Font se originó tras la decisión del pleno del Ajuntament de Calvià de septiembre de 2015 de desistir en las modificaciones aprobadas durante la legislatura anterior y que recurrieron propietarios de este núcleo rural.
