La consellera Mercedes Garrido hace un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para cumplir la normativa y poder seguir controlando los contagios, para consolidar el camino hacia la recuperación sanitaria, social y económica
La Dirección General de Emergencias e Interior coordinará un operativo extraordinario conjunto de inspecciones y vigilancia durante los próximos días, coincidiendo con el primer fin de semana con las nuevas medidas para el control de la COVID-19 en vigor. Así se ha acordado hoy durante la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), en la que han participado la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido; la delegada del Gobierno, Aina Calvo; el presidente de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB), Antoni Salas, y el alcalde de Palma, José Hila, además de representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
«Después de casi dos meses de restricciones muy duras, y una vez que se han empezado a abrir los establecimientos de restauración y a permitir reuniones sociales y familiares en varias islas, entendemos que este fin de semana puede ser un poco especial», ha explicado la consellera Mercedes Garrido.
Garrido ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía, y también a los establecimientos de restauración, a cumplir las normas. «Todos estamos cansados, ha pasado un año desde el inicio de la pandemia, y tenemos ganas de volver a salir a la calle y de reencontrarnos, pero está en nuestras manos controlar los contagios, respetando las medidas», ha dicho.
Distancia de seguridad, uso de mascarilla, respeto al número máximo de personas y núcleos de convivencia que se pueden reunir, aforos y horarios son algunas de las medidas que ha recordado la consellera, según la normativa de cada isla. También se ha insistido en que la normativa impide a los establecimientos de restauración vender alcohol sin comida, para evitar que las calles se conviertan en la continuidad de las terrazas, con una relajación social que no conviene.
Garrido ha anunciado que también se pondrá en marcha un operativo especialmente destinado a vigilar las playas, puesto que a medida que avance el buen tiempo se prevé que más gente se trasladará a estos espacios.
«Necesitamos mantener controlada la situación epidemiológica y que la desescalada funcione, para poder consolidar el camino y continuar avanzando hacia la recuperación. Todos tenemos que poner de nuestra parte», ha añadido Garrido.
En el mismo sentido se ha pronunciado la delegada del Gobierno del Estado, Aina Calvo, que ha pedido la colaboración de la ciudadanía para esta desescalada prudente, y también su solidaridad con todas las personas que esperan que la situación mejore para poder trabajar este verano y que haya temporada turística.
Por otra parte, el alcalde de Palma, José Hila, ha señalado que todos los efectivos de la Policía de Palma tienen instrucciones de priorizar el cumplimiento de las normas para luchar contra la COVID-19, tanto en las calles como en los parques o en reuniones sociales, pero ha recordado que no se puede poner a un policía detrás de cada ciudadano y lo más importante es que todo el mundo colabore.
El presidente de la FELIB, Antoni Salas, ha remarcado que la colaboración entre instituciones es necesaria, y así como agilizar la instrucción de todas las denuncias presentadas por la policía local de los diferentes pueblos.
Infracciones y sanciones
Desde la aprobación el pasado mes de julio del Decreto que establece el régimen sancionador específico para hacer frente a las infracciones contra la normativa de la COVID-19, la Administración de la Comunidad Autónoma ha registrado un total de 11.661 denuncias, de las que 8.197 se han producido en Mallorca, 952 en Menorca, 2.303 en Ibiza y 209 en Formentera. Esto incluye las actas levantadas por los inspectores propios de la Comunidad Autónoma y las remitidas por otras administraciones.
Por tipo de denuncia, un total de 949 se han presentado contra establecimientos (empresas), mientras que la gran mayoría (10.576) han sido contra particulares.
Hasta ahora, la Comunidad Autónoma ha tramitado propuestas de sanción económica por un valor de 2.180.459 €, la mayor parte de las cuales afectan a establecimientos (438.459 son para particulares y 1.741.999 para establecimientos, la mayoría en Mallorca e Ibiza).
Actualmente, la Comunidad Autónoma tiene diecisiete instructores, que revisan las actas presentadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad o inspectores, y en vista de los hechos, instruyen, tipifican las faltas y proponen la sanción.
En todo caso, la consellera Garrido ha insistido en que la Comunidad Autónoma no tiene ningún interés recaudatorio, sino que lo que quiere es que se cumplan las normas. Y ha recordado que la Comunidad Autónoma exigirá el pago de las sanciones por medio de la Agencia Tributaria si es necesario en periodo ejecutivo, si las personas no han pagado antes de forma voluntaria. «El objetivo es que todo el mundo cumpla las normas, porque, si no, no conseguiremos que nuestra economía pueda avanzar un poco, ni tendremos temporada de verano», ha apuntado, y ha recordado que muchos trabajadores y empresas necesitan que este verano haya temporada turística en las Balears.
El CECOPI está formado por representantes de diferentes áreas del Govern de les Illes Balears, coordinadas por la Dirección General de Emergencias e Interior, la Delegación del Gobierno del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil, COMGEBAL, UME y Sanidad Exterior), la FELIB y el Ayuntamiento de Palma, y colegios oficiales del ámbito sanitario.
