El TSJIB suspende la carrera profesional del Consell de Mallorca, se dejará de cobrar a partir de mayo

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La consellera Carmen Palomino se ha reunido con los sindicados firmantes del acuerdo para explicarles la situación y que, a partir de la nómina del mes de mayo, dejarán de cobrar este complemento

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha suspendido el pago por anticipado de la carrera profesional para los trabajadores y trabajadoras del Consell de Mallorca. A pesar de no compartir los argumentos de la interlocutoria judicial, la institución está obligada a suspender el pago a partir de la nómina del mes de mayo.

La consellera de Modernización y Función Pública, Carmen Palomino, ha manifestado que «se vuelve ir en contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la institución. A pesar de que ejecutaremos la decisión, no compartimos el contenido».

Además, Palomino ha afirmado que «tenemos que recordar que la señora Maria Salom era la presidenta del Consell durante la pasada legislatura y recortó derechos desde dentro de la institución y ahora, desde otra administración, sigue con los recortes».

La decisión del TSJIB estima el recurso que la Delegación del Gobierno interpuso después de que el Juzgado Contencioso Administrativo no impusiera medidas cautelares al recurso que habían presentado contra el acuerdo de carrera profesional del Consell.

Desde la institución insular, se defiende que el acuerdo de carrera profesional que se aprobó en el Pleno de marzo de 2017, se ajusta a la normativa existente. Por un lado, está reconocido en la Ley de función pública de las Islas Baleares y, además, está previsto en el presupuesto del Consell dentro de los límites de gasto de personal marcados por el Estado.

Por este motivo, se ha convocado de urgencia una reunión con los sindicatos que firmaron el acuerdo y miembros del Departamento de Modernización y Función Pública. En la reunión, se les ha informado de los pasos que se seguirán a partir de la suspensión que se ha conocido hoy y que afectará a 2.060 trabajadores y trabajadoras públicos.

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