“Por motivos de justicia fiscal”, según Sí Se Puede Calvià, el Ajuntament aprobó en pleno instar al Gobierno de España a presentar una Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa que determine una serie de modificaciones, como la Ley de Haciendas Locales, la Ley de Mecenazgo y Fundaciones y una revisión de los acuerdos del Reino de España con la Santa Sede, vigentes desde 1979.
También se insta al Parlamento español a que se deroguen los Acuerdos del Estado con la Santa Sede, especialmente en lo referido a los asuntos económicos, “ya que esta entidad religiosa los incumple, obligando a la autofinanciación de la Iglesia Católica, y a consecuencia de ello se elimine del IRPF (impuesto de la renta) la casilla de asignación a la Iglesia Católica”, según reza la moción.
A pesar de que la Constitución Española aclara y remarca que España es un estado aconfesional, los populares no aceptaron la moción “por motivos de creencias, ya que la Católica es la religión oficial”. Tras un debate acerca de los canales de televisión, donde Israel Molina (portavoz de SSPC) recomendaba al portavoz de la oposición, José Manuel Ruiz, que “dejara de mirar 13TV” y éste le respondía que “cambiara de canal, mirando alguno que financie Irán”, se pactó buscar sistemas de justicia social “sin la permisividad que se concede a la Iglesia Católica, que es la mayor poseedora de bienes inmuebles, y a otras confesiones”.
Actividades mercantiles y ajenas al culto
De reformarse esta ley de exenciones fiscales, quedarían excluidos de favor los inmuebles religiosos, tanto del pago del IBI como del pago impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO.
Además, se interpreta que dicha exención de pago se aplica también “cuando los bienes y las construcciones, instalaciones u obras, están relacionadas con actividades ajenas al culto y puramente mercantiles que, aunque desarrolladas por entes dependientes de la Iglesia Católica, tienen por objetivo la obtención de ingresos, como las inversiones inmobiliarias o explotaciones comerciales, que entran en clara competencia con empresas privadas y públicas, que sí están sujetas al impuesto y no disfrutan de exención alguna”.
SSPC vincula la caída de la actividad económica del país a exenciones fiscales como las de la Iglesia. El PSOE añadió, para su voto favorable, que “los privilegios tienen que acabarse, hay que avanzar en la autofinanciación de la Iglesia Católica, aunque tanto éste como el resto de cultos contarán con todo el apoyo del partido y del consistorio para el ejercicio de su labor”, siempre que sean acciones y prácticas afines a la religión y no operaciones comerciales ni con ánimo de lucro, aclaró el alcalde Rodríguez Badal. EO apoyaba la moción aunque la tildó de ‘brindis al sol’, Tarancón, de Ciudadanos, se abstuvo y el PP votó en contra por considerar la propuesta de carácter “ideológico y radical”.
Blanca Garau
