Fina Santiago asegura en el Parlament que todos los perceptores recibirán la prestación autonómica hasta que no tengan aprobada la estatal
La conselleria de Afers Socials i Esports ha ayudado a 4.400 personas a hacer la posible transición de la Renta Social Garantizada (RESOGA) y la Renta Mínima de Inserción (RMI) al Ingreso Mínimo Vital (IMV). La consellera Fina Santiago ha hecho público este dato en el Parlament durante la defensa del decreto que, entre otras medidas, amplía el plazo para hacer este trámite hasta el 30 de septiembre, un decreto convalidado este martes 22 de septiembre con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias con el único voto en contra de VOX.
Santiago ha explicado en la cámara por qué se ha tenido que introducir esta ampliación del plazo de un mes que tenían los perceptores de la RESOGA para solicitar el IMV. Desde que se aprobó la prestación autonómica, en 2016, se estableció que era subsidiaria de cualquier prestación económica del Estado. Este condicionante hizo que con la aparición del IMV el Govern adaptase la RESOGA a la nueva realidad. Además de equipararlas económicamente y con los perfiles de los perceptores, decidió hacer el acompañamiento a todas aquellas personas que recibían la prestación autonómica y, sospechaban, que podrían recibir el estatal.
La conselleria de Afers Socials i Esports repasó cada una de las situaciones de las 9.000 personas titulares de la RESOGA y la Renta Mínima de Inserción (RMI) y comprobó que 4.614 de ellas podrían pasar a recibir el IMV. Automáticamente, se envió una carta informativa explicando la obligatoriedad de solicitar el IMV y se contrató a 26 personas para ayudarles con los trámites.
Santiago ha dejado muy claro durante su explicación que, una vez hecho este trámite, «todos seguirán recibiendo la percepción autonómica mientras no tenga la resolución positiva del IMV». El problema llegó cuando 760 personas no respondieron a las llamadas hechas por los 26 auxiliares administrativos que ayudaban a hacer la llamada transición. En este momento, de acuerdo con el régimen sancionador de la RESOGA, se decidió suspender el abono de la prestación con la intención de tener una respuesta de este colectivo y poder ayudarlos. De las 760 personas no localizadas, el 4 de septiembre, 680 ya habían iniciado los trámites. Santiago ha insistido en que «hemos estado proactivos para que nadie se quede sin prestación»
Aumento de los trabajadores de las residencias
El decreto tiene otro punto fundamental para la conselleria de Afers Socials i Esports: la ampliación de la ratio de los trabajadores sociosanitarios de las residencias de 28 a 33 profesionales para cada 100 internos. La consellera ha explicado que la crisis de la COVID-19 ha hecho urgente esta modificación, considerada como necesaria desde que el Govern del PP de José Ramón Bauzá redujo las ratios. Cuando llegó al poder la ratio era de 30 profesionales para cada 100 residentes y lo bajó a 28″. En este punto Santiago ha criticado que bajaran la ratio pero no el precio de la concertación de las plazas a las residencias privadas. «El PP no baja el precio, baja la calidad del servicio», ha puntualizado.
La consellera ha explicado que en esta ocasión se ha exigido un mayor número de trabajadores y se ha subido el precio de la concertación con el sector privado porque «esta vez sí se aumenta la calidad del servicio». Se prevé que supondrá una inversión de más de 1 millón de euros entre las diferentes administraciones de las Illes Balears.
